La Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia ( FECAJUD), con el apoyo del Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, presentó este martes 28 de junio de 2022 el “Diagnóstico sobre el estado del Sistema Judicial en El Salvador”.
Este documento forma parte de una serie de estudios sobre la situación del poder judicial en países de Centroamérica, que tienen por objetivo visibilizar los problemas y generar diálogos productivos con la comunidad nacional e internacional para encontrar políticas públicas y soluciones integrales.
En el caso de El Salvador, el diagnóstico brindó una serie de alarmas y señalamientos sobre la independencia judicial. Puntualmente en lo relacionado con la destitución irregular de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, el nombramiento irregular de sus reemplazos y con las normas expedidas para remover a una tercera parte de la judicatura a través de la modificación de la edad de retiro.
Otros hallazgos fueron las anomalías en materia de traslados de funcionarios judiciales.
También señalan que los últimos acontecimientos en el país son ataques a la institucionalidad y explican la forma en cómo el poder ejecutivo, en el año 2020, inició una estrategia sistemática de ataque a través de las redes sociales y medios de comunicación alternos en contra de la judicatura por sus decisiones en relación con las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19.
Según el estudio, el presidente Bukele tildó a los jueces y magistrados de “genocidas” por impedir graves limitaciones a la libertad personal y a la circulación por parte del gobierno.
Mencionan que el Decreto Legislativo No 144, que otorgó la facultad a la Corte Suprema de Justicia de autorizar la continuidad de jueces por necesidad o especialidad en la materia, en la práctica, la remoción aplicó exclusivamente para aquellos funcionarios que no fueran afines al gobierno de turno, aduciendo una vulneración la Constitución, así como una serie de normas y estándares internacionales sobre la independencia de la judicatura tales como los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura y los pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados expresaron su rechazo público por esta reforma.
En aplicación del Decreto No 144 se han presentado múltiples sucesos irregulares en lo relacionado con el nombramiento de jueces y magistrados, los ascensos al interior de la judicatura y el uso de los traslados para desarticular grupos de jueces que se han pronunciado en contra de estas medidas.
A esto se le suma la terminación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Acuerdo de Cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), tiene graves implicaciones en la lucha contra la impunidad, en el principio de separación de poderes y en la salvaguarda del Estado de Derecho.
Estos problemas, según FECAJUD, surgen producto de una indebida injerencia del poder ejecutivo y legislativo en la conformación y operación de la judicatura.
Este documento hace parte de una serie de diagnósticos que presentarán más adelante respecto de diferentes jurisdicciones en Centroamérica.
El objetivo detrás de esta iniciativa es identificar los principales aspectos normativos e institucionales que definen la composición y el funcionamiento de la judicatura en cada Estado. Estos diagnósticos hacen parte del trabajo del Observatorio Permanente de la Federación, brindando un contexto reciente periódicamente para que individuos y organizaciones de diferentes regiones los puedan consultar e identificar los retos que enfrentan las judicaturas en estos Estados.